La injerencia en los derechos fundamentales causada por el acceso a extractos telefónicos puede calificarse de grave y confirma que solo puede concederse dicho acceso cuando se trate de los datos de personas sospechosas de estar implicadas en un delito grave. Corresponde a los Estados miembros definir los «delitos graves» a efectos de la aplicación de la Directiva en cuestión.
La reautorización, ahora conocida como la Ley de Reforma de la Inteligencia y Seguridad de Estados Unidos, establece ciertas modificaciones destinadas a mitigar las preocupaciones en torno a las libertades civiles de los ciudadanos estadounidenses.
La representante Cathy McMorris Rodgers ha subrayado la importancia de proteger a los ciudadanos contra la explotación de sus datos por parte de grandes corporaciones tecnológicas. La ley propuesta busca poner fin a prácticas como el seguimiento y la manipulación de comportamientos sin el consentimiento claro de los usuarios.
Ha quedado probada la imputación alegada en la carta de despido consistente en que el trabajador, de forma habitual grababa las conversaciones con clientes, con quienes hablaba en nombre y representación de la empresa, sin el consentimiento ni conocimiento de la empresa ni tampoco de los clientes, y todo ello con vulneración de la normativa sobre protección de datos, y comprometiendo a la empresa.
La compañía anunció la eliminación de una cantidad sustancial de registros de datos que reflejan la actividad de navegación privada de los usuarios. Esta medida, destinada a salvaguardar la privacidad de los individuos, marca un paso significativo hacia la transparencia y la protección de datos en línea.
La ley impone sanciones significativas a las empresas de redes sociales que no cumplan con sus disposiciones. Ello incluye la obligación de eliminar las cuentas existentes de menores de 14 años residentes en Florida, con la amenaza de demandas por daños y perjuicios de hasta 10.000 dólares por cuenta no eliminada, así como posibles multas de hasta 50.000 dólares por infracción.
La empresa recolecta datos biométricos a cambio de criptomonedas, actividad en la que pueden existir vulneraciones a garantías fundamentales, como a la privacidad de datos personales sensibles, en razón de los términos y condiciones respecto de la información recolectada de esta forma por la sociedad radicada en Islas Caimán.
La obligación de integrar dos impresiones dactilares completas en el medio de almacenamiento de los documentos de identidad constituye una limitación de los derechos fundamentales al respeto de la vida privada y a la protección de los datos de carácter personal, garantizados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Sin embargo, esa integración está justificada por los objetivos de interés general de luchar contra la producción de documentos de identidad falsos y la suplantación de identidad.
Se ha justificado esta medida, argumentando que el anonimato de las tarjetas SIM facilita actividades criminales como el fraude telefónico y el terrorismo, y dificulta los esfuerzos de las fuerzas del orden para rastrear e identificar a los sospechosos.
Pueden proceder de esta manera si la medida es necesaria para cumplir su misión de velar por el pleno cumplimiento del RGPD. Si dicha autoridad comprueba que un tratamiento de datos no respeta el RGPD, debe subsanar la infracción detectada, incluso sin que medie la solicitud previa del interesado.
La ley impone obligaciones claras para los sistemas de IA de alto riesgo, como la evaluación y mitigación de riesgos, la transparencia y la supervisión humana. Los sistemas de IA de propósito general también deben cumplir con requisitos de transparencia, incluida la publicación de información sobre cómo se entrenaron sus modelos.
