El requirente alega que el precepto legal impugnado transgrede su derecho a ejercer la acción penal y termina con el proceso penal, lo que trasgrede la igualdad ante la ley y el debido proceso.
El requirente alega que se le impide su derecho al ejercicio de la acción penal, vulnerando también su garantía a un debido proceso.
El requirente estima que infringen su derecho constitucional a ejercer la acción penal.
La requirente estima que la decisión del Ministerio Público de no perseverar contraviene la Constitución y en particular su derecho a perseguir penalmente al imputado.
El acto denunciado se ha enmarcado dentro de la órbita de las facultades del ente persecutor, de maneraeque no es factible vislumbrar la ilegalidad anotada por el actor.
La Segunda Sala señaló que ha arribado a la conclusión de que concurren las causales de inadmisibilidad de los numerales 5 y 6 del artículo 84 de la LOCTC.
