Lo que le prohibía el contrato era tener contacto con personas ajenas a la producción sin autorización expresa de la empresa productora del concurso televisivo, pero no le impedía consultar en Internet lo que se hubiera publicado sobre él.
En lo que se refiere particularmente a los motores de búsqueda, la decisión judicial de desindexar ciertas direcciones respecto de un resultado implicaría una limitación que interrumpiría el proceso comunicacional, pues al vedar el acceso a dicha información se impediría la concreción del acto de comunicación, por lo que ello configura una medida extrema.
«Al crear una imagen mediante la inteligencia artificial existe la posibilidad de crear un audio que acompañe la imagen. Esta creación de audios es altamente lesiva si son usados de forma denigrante y de mala fe».
Las informaciones difundidas y publicadas por la demandante se referían claramente a una cuestión de interés público. El viceministro es un funcionario público y como tal debería haber mostrado un mayor grado de tolerancia.
En atención a las concretas circunstancias en las que se desarrollaron los hechos, dado el carácter meramente puntual de la intromisión ilegítima, la circunstancia de que no se ha considerado procedente la aplicación de la agravante, esto es, la difusión/divulgación del contenido de la conversación del padre con sus hijos, consideramos adecuada la determinación de la cuantía indemnizatoria en 500 euros.
No obstante, el derecho al honor tiene menor protección cuando su titular es una persona jurídica, refiere el Tribunal Supremo de España, y en este caso, no se advierte como el honor ha podido estimarse vulnerado por la publicación efectuada por el medio.
La libertad de información comprende la comunicación de hechos susceptibles de contraste con datos objetivos y tiene como titulares a los miembros de la colectividad y a los profesionales del periodismo.
No obstante, los medios de comunicación pueden publicar información referida a la identidad de la persona si son de interés general, pues prevalece la libertad de información.
En el ámbito de la Unión Europea se está trabajando con la finalidad de establecer un marco jurídico para regular la IA y poder determinar quien es el responsable ante un daño causado en un contexto en el que se utilice IA. Así, en este momento se encuentran en tramitación tres disposiciones con relación a esta materia.
No existe ninguna resolución judicial que permita concluir que el demandante sea autor de episodios de violencia de género o doméstica, ni autor de delitos de abusos sexuales en la persona de su hijo.
