La empresa tenía el deber de obrar en consecuencia de la buena fe y del principio de prevención, que comprende el de evitar el agravamiento del daño. Y es evidente que la continuidad de las publicaciones en la red es causa del perjuicio.

La veracidad no se enerva por la posible existencia en la información de «inexactitudes no esenciales». El conflicto entre el derecho al honor y el derecho de información y expresión debe ser resuelto mediante técnicas de ponderación o valoración constitucional teniendo en cuenta las circunstancias del caso.

Los medios periodísticos no se encuentran necesariamente obligados a efectuar averiguaciones respecto a la veracidad de los hechos que los manifestantes atribuyen a terceros, por cuanto su actividad se encuentra aquí circunscripta a dar cuenta de tal episodio. En efecto, imponer una exigencia de esa especie implicaría una seria cortapisa a la libertad de expresión y al derecho a informar y ser informado.

El pago tardío implica necesariamente un reconocimiento de la deuda; nadie paga aquello que no debe. Por eso, aunque en la demanda que da origen a la «litis», y que interpuso después de que le fuera reclamada judicialmente la deuda afirmaba desconocer su existencia y origen, es claro que sí la conocía.

Las expresiones ofensivas por su significado si son aisladamente consideradas no pueden considerarse como una intromisión ilícita si se consideran proporcionadas con la finalidad informativa o valorativa que se pretende en contextos de crítica.

La suspensión de la ejecución de la sentencia no la acuerda el tribunal que ejecuta la sentencia firme sino el Tribunal Constitucional.

Debe prevalecer el derecho a la libertad de expresión, sin que pueda afirmarse que el término ladrón sea un insulto injustificado que permitiría invertir la prevalencia en el conflicto entre derechos fundamentales en favor del honor, cuando los agravios guardan relación inmediata con hechos anteriores que, con cierto fundamento, hacen dudar del empleo adecuado de los fondos comunitarios.

No nos hallamos ante un envío masivo de requerimientos, entre ellos a la demandante, en el que no consta la recepción, sino que también contamos con el hecho de que los efectuados a ella no constan devueltos, no existen circunstancias puestas de manifiesto por la actora sobre cambio de domicilio o que se hubiesen remitido las comunicaciones a una dirección incorrecta, ni tampoco se da un cambio de número telefónico.

La libertad de expresión de un profesional de la información, ejercitada a través de un medio de prensa, admite que este realice valoraciones personales, acudiendo incluso a la exageración y la crítica hiriente

Lo que le prohibía el contrato era tener contacto con personas ajenas a la producción sin autorización expresa de la empresa productora del concurso televisivo, pero no le impedía consultar en Internet lo que se hubiera publicado sobre él.