Cuando entran en conflicto el derecho al honor y la libertad de información, la prevalencia que en abstracto corresponde a la segunda debe ser ponderada de acuerdo al caso. Pero en concreto ha de estarse a la concurrencia de los siguientes tres presupuestos: interés público informativo, veracidad de la información y proporcionalidad.

La esencia del delito de injurias no está en la corteza de los vocablos sino en la intención de quien los profiere.

El escenario digital (cuando no se ha configurado en modo privacidad, en ese caso, podría existir una «mínima» protección) es un ámbito público y si se sigue esa línea de razonamiento, al igual que en el mundo físico, los sujetos no tenemos el libre domino o titularidad de las cosas que se encuentran en un ámbito público. Sino que existen restricciones y límites. Dicho de otro modo, no es lo mismo tener acceso a espacios públicos que ser titular de su contenido.

La publicación no especificaba el nombre completo del profesional, solo describe la forma en que fue atendido un perro rescatado.

El recurso de protección no es la vía idónea para resolver la controversia, toda vez que la litis trasciende los fines de la acción de protección de garantías fundamentales, y no se condice con el carácter extraordinario y de tramitación breve y urgente.

La imagen publicada solo satisface la curiosidad general, pues no es un elemento imprescindible para la opinión pública ni constituye una mejora en la información entregada.

El insulto tuvo la gravedad suficiente para herir ilegítimamente los sentimientos de una persona, lo que justifica la procedencia de la indemnización.

El Registro de la Central de Información de Riesgos del Banco de España está destinado a contener información sobre la existencia de obligaciones monetarias incumplidas, no constituye un Registro de Personas Morosas propio del banco.

La opinión de la parlamentaria cumple la función de contribuir al debate y formación de la opinión pública.

La libertad de expresión, en el ejercicio del derecho de defensa, ha de ser amparada cuando se efectúan afirmaciones y juicios instrumentalmente ordenados a la argumentación necesaria para impetrar la debida tutela en el ejercicio de sus derechos.