Ante el creciente malestar de los consumidores por la avalancha de publicidad no deseada en sus dispositivos móviles, se propone modificar la Ley sobre protección de los derechos de los consumidores para establecer límites en la cantidad y el horario de las comunicaciones publicitarias a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto y correos electrónicos, con el objetivo de aliviar la interrupción en la rutina diaria de las personas y respetar su privacidad.
La iniciativa prohíbe la venta y comercialización de todo tipo de teléfonos y dispositivos móviles, cuya funcionalidad haya sido alterada arbitrariamente, en su diseño o por medio de actualizaciones posteriores del software, que busquen acelerar el fin de la vida útil.
El Tribunal acogió las excepciones de falta de legitimación pasiva de la demandada y de prescripción, tras establecer que la empresa no es proveedora directa de los consumidores y que se encuentra vencido el plazo legal para ejercer la acción.
El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia atacada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que acogió la demanda.
Sanciona a los proveedores de créditos y a las empresas de cobranza que efectúen más de un contacto telefónico o visita por semana con el fin de informar el cobro de una obligación dineraria.
El Tribunal de alzada estableció infracción a la reglas de la sana crítica en la resolución que desechó el pago indemnizatorio.
