Las organizaciones instan a una revisión exhaustiva del borrador para abordar estas preocupaciones antes de que avance más en el proceso legislativo. En última instancia, buscan una convención que proteja los derechos individuales y fomente la cooperación internacional en el ciberespacio de manera justa y equitativa.

La recurrente fue detenida en octubre de 1973, y las torturas le produjeron sordera en su oído izquierdo hasta la fecha, mal que el Estado se encuentra en la obligación de reparar en atención al derecho internacional e interno, con el objeto de dar una justa compensación a una víctima de delitos de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado.

El proyecto que aprobó la Comisión de Derechos Humanos y que ahora pasa a Hacienda mejora el procedimiento judicial de la acción de no discriminación.

Por acuerdo de Comités del 23 de enero, la moción que apuntaba a beneficiar a quienes sufran enfermedades terminales o que hayan cumplido determinada edad quedó con su votación pendiente para este miércoles, donde no alcanzó el quórum para su aprobación.

En el documento, además, se reafirma el compromiso de la Corporación con la promoción y protección de los derechos humanos de todas las personas, sin excepción.

El ministro Cancino Cancino condenó a Valentín Evaristo Riquelme Villalobos a la pena efectiva de 5 años y un día de presidio, más las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

Se le acusa de suscribir contratos irregulares y de retener beneficios a los trabajadores de su empresa. Además, habría incumplido su obligación de constituir un fondo de bienestar para sus trabajadores.

Parece difícil negar que el lenguaje de los derechos humanos se ha desbocado, hasta el punto de ser utilizado hoy para defender todo tipo de deseos y pretensiones: desde el aborto al suicidio, pasando por los vientres de alquiler, el incesto o el cambio de sexo.

El sistema de protección residencial en Chile es un blanco de preferencia de explotadores sexuales de niños, niñas y adolescentes, en especial de niñas y adolescentes mujeres.

Se debe proporcionar una reparación adecuada a todas las personas que sufrieron daños en el contexto de las protestas.