Aborda los derechos de las víctimas frente a violaciones de DD.HH. en democracia, el acceso al agua, el derecho a la libertad de religión, de creencia y culto; los derechos humanos de las personas mayores, y de niños, niñas y adolescentes en el entorno escolar post pandemia; y la desaparición forzada de personas en dictadura.

En la sentencia, la magistrada rechazó las excepciones de reparación integral y prescripción presentadas por el Fisco, tras establecer que Toledo Rivera fue víctima de un crimen de lesa humanidad, imprescriptible en sede penal y civil.

Además, aborda temáticas de convivencia escolar, seguridad alimentaria, migración, violencia institucional, protección en entornos digitales, salud mental, diversidad sexual, entre otras.

En su informe manifiestan que el régimen ha llevado a cabo una represión “generalizada y sistemática, por motivos políticos”, utilizando para ello todo el aparato represor de su régimen. Para lograr la consecución de sus fines, Ortega ha instrumentalizado las instituciones de los tres poderes del Estado.

Como es de público y notorio conocimiento, contar hoy en día con internet no es un lujo, sino una necesidad, y no solo a los fines de esparcimiento, sino también para la educación, el trabajo, y la interconexión con los demás. El acceso a Internet es considerado, hoy, un derecho humano altamente protegido.

Desestimó recursos de inconstitucionalidad dirigidos contra disposiciones del Código de la Familia y otras normas que contienen las frases “matrimonio entre un hombre y una mujer” y “se prohíbe el matrimonio entre individuos del mismo sexo”. Para la Corte, el matrimonio igualitario es una mera aspiración que no posee reconocimiento convencional y constitucional.

En la diligencia el ministro Hormazábal tomó declaración a la víctima sobreviviente, tres testigos de los hechos y a los militares en retiro acusados Gustavo Camilo Ahumada, Jerman Ocares Morales y Luis Pavez Silva; además de René Ojeda Caro, empleado civil y reservista del Ejército.

El país africano ha reprimido férreamente a las personas de este colectivo, que si son descubiertas realizando actos sexuales arriesgan penas de cárcel. En general, la sociedad tunecina es muy tradicional y tiene poca tolerancia con estos actos, lo cual de cierta forma explica la severidad de su legislación.

En total 21 acuerdos fueron revocados, incluida la Carta Social Europea de Derechos Humanos. La decisión fue aprobada tras una iniciativa presentada por el presidente Putin, quien en marzo de 2022 retiró a su país del Consejo de Europa como respuesta a las sanciones por la invasión a Ucrania.

La normativa, que es una enmienda a la Ley de Ciudadanía de 1952, solo será aplicable a los condenados por terrorismo que reciban fondos de la Autoridad Palestina. Organizaciones de derechos humanos han manifestado preocupación por la medida.