El acto fue motivado por la decisión de un órgano jurisdiccional.
Los recurridos al alterar el statu quo vigente, incurrieron en una actuación que resulta contraria a derecho, toda vez que ejercieron un acto de autotutela proscrito por el ordenamiento jurídico.
Las autoridades no tienen la obligación legal de requerir el auxilio de la fuerza pública para que el recurrente pueda recuperar su inmueble, pues se trata de una propiedad privada y no un bien de uso público ni fiscal.
El Tribunal de alzada no hizo lugar a la acción cautelar de urgencia, tras establecer que el recurso de protección no es la vía idónea para resolver los hechos denunciados.
La Municipalidad otorgó efecto de imperio a un acto administrativo de rango infralegal que escapa de sus facultades.
La notificación de desalojo se justificó en un fallo firme y ejecutoriado producto de un juicio tramitado conforme a derecho.
