La decisión del tribunal recurrido se basó en la solicitud realizada por el Centro Cerrado de Limache y el Informe Técnico del mismo centro.
El amparado fue traslado del Complejo Penitenciario de Valparaíso al de Valdivia, atendido que se negaba a entrar a los módulos que se le asignaban. No obstante, atendido el perfil criminológico y comportamiento, resulta posible trasladarlo al Centro de Detención Preventiva Santiago Sur, informó la recurrida.
La imposición de una sanción disciplinaria a los amparados afecta su libertad personal y seguridad individual, toda vez que torna más gravosa la privación de libertad a que se encuentran sometidos.
Tanto la autoridad penitenciaria y el juez a quo obraron con mérito para solicitar y decretar el traslado contra el que se reclama, atendido el número y gravedad de los ilícitos por los que fueron formalizados ambos amparados, circunstancia que permite también descartar algún tipo de arbitrariedad.
Lo anterior, a fin de que no se le prive de condiciones, facultades o derechos con los que actualmente cuenta como privado de libertad.
Gendarmería adoptó las medidas de resguardo necesarias, disponiendo su traslado a otra dependencia del mismo penal, sin embargo, no se pronunció respecto de la solicitud de traslado planteada por la recurrente.
Si la medida se dispuso por motivos de aislamiento preventivo, por razones de seguridad, se configura una ilegalidad, por lo que se le debe permitir recibir encomiendas y visitas de acuerdo con las normas legales y reglamentarias atingentes.
Existiendo además un nuevo informe favorable a su traslado emitido por Gendarmería, no puede sino concluirse que la decisión de la recurrida es arbitraria, toda vez que se ha adoptado sin haber precedido un análisis exhaustivo de las distintas variables técnicas penitenciarias.
La sentencia condenatoria no se encuentra firme ni ejecutoriada, lo cual se refuerza porque el Tribunal Constitucional admitió a trámite el requerimiento de inaplicabilidad respecto del artículo 387, inciso segundo, del Código Procesal Penal, y suspendió el procedimiento.
No aparecen antecedentes según los cuales haya habido alguna acción u omisión que actualmente ponga en riesgo la libertad personal o seguridad individual del amparado, por lo que su traslado debe realizarse siguiendo los procedimientos regulares, refiere el voto en contra.
