No aparecen antecedentes según los cuales haya habido alguna acción u omisión que actualmente ponga en riesgo la libertad personal o seguridad individual del amparado, por lo que su traslado debe realizarse siguiendo los procedimientos regulares, refiere el voto en contra.

La autoridad pública generó expectativas en el administrado no sólo por haber concedido el beneficio, sino también por el tiempo en que este se extendió sin dificultades, consolidando una situación y una especie de derecho adquirido en favor del encartado que confía que este se mantendrá mientras cumpla las exigencias impuestas.

Se encuentra acreditado que el amparado sufre de un trastorno psiquiátrico, lo que, unido a la negativa del actor de hacer ingreso a otro módulo penitenciario, no constituye fundamento para ingresar al interno a aislamiento.

No existe afectación a la libertad individual del imputado, integrante de la banda criminal denominada “Tren de Aragua”, toda vez desde hace ocho meses aquel fue trasladado desde el penal de Arica a otro fuera de la región, resultando una situación ya consolidada.

Gendarmería comunicó estas circunstancias al Tribunal de Garantía de Molina, en forma previa al traslado, lo que fue comunicado al Defensor Penal Penitenciario para que solicitara lo que correspondiere, sin que este efectuara gestión alguna en dicha causa.

Gendarmería no dispuso el traslado, sino que únicamente lo solicitó ante el tribunal competente para supervisar la prisión preventiva que afectaba al amparado, conforme lo dispuesto en el artículo 150 del Código Procesal Penal.

No es el remedio idóneo para interferir en políticas públicas de orden penitenciario, que en el mayor de casos importa la destinación de recursos públicos y que son de resorte exclusivo y excluyente del Poder Ejecutivo, encontrándose proscrito al Poder Judicial mezclarse en dichas funciones, refiere el voto en contra.

Se estima vulnerada la garantía de igualdad ante la ley de la recurrente, cautelada por el articulo 19 N°2 de la Constitución.

El respeto y preservación de los Derechos Humanos de todas las personas, incluidas aquellas que se encuentren privadas de libertad no puede ceder frente a argumentos tales como lo antigua y precaria de la infraestructura carcelaria.

La decisión de Gendarmería obedece a parámetros técnicos, habiendo incluso ofrecido una alternativa de traslado a los amparados que no fue aceptada por la defensa.