Los incidentes no fueron aislados y fueron suficientemente numerosos e interconectados como para constituir un patrón o sistema (“práctica administrativa”). El Gobierno ruso no argumentó, y mucho menos fundamentó, que los incidentes que implicaron asesinatos, malos tratos, arrestos y detenciones a gran escala no habían tenido lugar.
Las pruebas contra los dos demandantes fueron producidas en audiencia pública, en su presencia y de sus representantes, y tuvieron la oportunidad de participar en el contrainterrogatorio de esos testigos. La defensa también tuvo la oportunidad ilimitada de presentar su propia versión de los hechos y las pruebas pertinentes.
El alto nivel de dependencia de Abjasia al apoyo ruso durante el periodo en que ocurrieron los hechos, permite concluir que Rusia ejerció un control efectivo y una influencia decisiva sobre el territorio abjasio. Por tanto, los asuntos denunciados caen dentro de la jurisdicción de Rusia en virtud del artículo 1 de la Convención.
La pancarta no fue utilizada para insultar o denigrar a alguien en particular; se utilizó como una herramienta estilística para expresar el alto grado de desaprobación que los demandantes sentían por el proyecto inmobiliario. La forma controvertida de la protesta, en sí misma, no justifica una restricción a la libertad de expresión en una manifestación sobre un asunto de considerable interés público.
