Sostuvo que la Constitución de los Estados Unidos y la jurisprudencia previa de la Corte Suprema otorgan al gobierno federal la autoridad exclusiva para regular la inmigración. Adujo que el aumento del flujo migratorio no constituye una invasión y que permitir que los estados sustituyan la ley federal sería antitético y contrario a los principios constitucionales.
5 de marzo de 2024