El proyecto inmobiliario consiste en la venta de 269 parcelas, con un “club house”, laguna artificial, más la habilitación de servicios y caminos. Lo anterior, emplazado en la zona que deslinda con el río Trancura y los “Saltos de Marimán”, atractivo natural y turístico del sector.

La barrera instalada perjudica la entrada de vehículos y constituye un acto de autotutela ilegal que vulnera el derecho de propiedad que la actora posee sobre el inmueble en calidad de arrendataria.

En septiembre de 2020, se logró verificar que el proyecto de loteo correspondiente a la Unidad Fiscalizable “Loteo Inversiones Lampa SpA”, debía someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), conforme al D.S. N°40/2012 del MMA.

El máximo Tribunal confirmó la resolución recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de la Serena, que confirmó la de primer grado que ordenó a la Inmobiliaria Nueva Serena S.A., pagar al demandante la suma total de $13.534.578

El máximo Tribunal consideró que las causales de nulidad invocadas por las partes no tienen influencia sustancial en la resolución atacada.

Entre los puntos que deberían consensuarse está la aplicación del texto a parcelas de agrado. Asimismo, deberá zanjarse la contratación de los seguros de incendio y la posibilidad de regular el arriendo temporal a través de plataformas digitales.

Propone establecer obligaciones contractuales que faciliten el contacto entre los compradores y las empresas inmobiliarias al celebrar un contrato.

El máximo Tribunal revocó la sentencia impugnada, tras establecer la responsabilidad de la empresa al afectar las bases del inmueble de los demandantes, al construir un edificio en sitio colindante, sin erigir un muro de contención adecuado.

El máximo Tribunal señala que «teniendo presente lo reseñado, no existe medida que esta Corte pueda adoptar, considerando que se encuentran los actos recurridos reclamados de ilegalidad actualmente en tramitación, por lo que no puede sino, rechazarse la presente acción».

La sentencia detalla que las resoluciones, así como el procedimiento que llevó a su dictación, serían ilegales pues fueron dictadas sin previa audiencia de las reclamantes y, además, ponderaron de forma errada los antecedentes relativos al cumplimiento del Programa y el plazo asociado a la acción 1.6, que establecía un plazo estimado de 18 meses para la obtención de una resolución de calificación ambiental para el proyecto.