No se advierte cómo se habrían afectado los derechos de la requirente teniendo presente tanto el tenor de la sentencia definitiva como las causales invocadas por la requirente en el recurso de nulidad. En efecto, el precepto cuestionado no ha tenido aplicación en el caso sub lite pues los requisitos de la sentencia que permite omitir y que justifican los vicios de constitucionalidad alegados, han sido aplicados en la sentencia definitiva.

El proceso realizado por a quo para valorar la prueba resulta paradigmático por su exhaustividad y profundidad en el análisis. En particular, analiza con especial detenimiento la existencia del engaño y describe con detalle la hábil preparación de un sistema defraudatorio que consumó la estafa. Todo ello como consecuencia del «claro sentimiento de enamoramiento y cariño» que la víctima sentía hacia el acusado.

Se lo condenó a 7 años y medio de cárcel por la violación de una estudiante de secundaria. La condena fue atribuida a los testimonios de testigos poco confiables, a los prejuicios raciales de la época y a la llamada “visión de túnel”, que no permitió a la víctima identificar al verdadero agresor.

Fue incriminado por la mala relación personal que mantuvo con algunas de las víctimas, suscitada a raíz de una disputa por razones comerciales. Desde un comienzo sostuvo su inocencia, aduciendo que el día del crimen se encontraba en un viaje de negocios a 500 km de distancia.

La relación laboral viene marcada por un desgaste constante generado por el accionar del actor que culmina con los términos injuriosos vertidos en su red social que efectivamente ocasiona perjuicios a la firma, obrando con una actitud que no es propia de un buen trabajador, lo que torna imposible continuar con la relación laboral atento a la pérdida de confianza existente.

No nos encontramos ante motivos que pudieran justificar una denegación, esto es, tratarse de pruebas inútiles. Con tal forma de proceder se deja absolutamente vacía de contenido la fase probatoria en los procedimientos administrativos, lo que reviste mayor gravedad, si como es el caso el procedimiento sustanciado es de carácter sancionador.

No hay certidumbre acerca de la autenticidad de los mensajes, ni tampoco de la fecha en que se hicieron las capturas de pantalla, ni hay forma de establecer el hilo de la comunicación. No se manifestó bajo juramento que el sitio indicado (contacto de WhatsApp y/o número del móvil) corresponde al utilizado por los demandados; ni explicación alguna acerca de cómo lo obtuvo, ni las circunstancias particulares relativas al envío y recepción del mensaje.

El demandante sólo cuestiona la valoración probatoria realizada por la Corte, y lo hace con fundamento en opiniones sin ninguna trascendencia jurídica ni aptitud para derruir las presunciones de legalidad y acierto de la sentencia.

Si bien no se puede aceptar que la mínima sospecha de robos cometidos por los empleados pueda justificar la instalación de un sistema de video vigilancia encubierto, en casos concretos la existencia de sospechas razonables de que se han cometido graves irregularidades convierte este medio en prueba lícita.

El requirente alega que se le ha negado la posibilidad de presentar prueba y defenderse en el procedimiento llevado en su contra, afectando su garantía al debido proceso.