La tardanza para lograr el reconocimiento de un derecho pensional constituye en sí misma un factor de vulneración de los derechos constitucionales del accionante. En efecto, el afectado lleva 18 años buscando el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes, situación que, sumada al estado de vulnerabilidad en el que se encuentra, conlleva una profunda afectación a sus derechos al minimo vital y a la dignidad humana.