La resolución puntualiza que el delito de evasión puede relacionarse con el delito de fuga, tipificado en los artículos 299 a 301 del Código Penal, sin embargo, este ilícito solo contempla como sujetos activos a los agentes que custodiaban al detenido, y no castiga directamente a la persona que se fuga; por lo tanto, no se cumple con la doble incriminación exigida para dar lugar a la extradición.
El requerido fue juzgado en “contumacia” -ausencia- y condenado a 424 de prisión por un homicidio cometido en Colombia en 2019. En Chile, el encartado se encuentra en prisión preventiva en Copiapó, por su presunta participación en un delito de receptación.
El ministro instructor del máximo Tribunal -Sergio Muñoz-, acogió el pedido de extradición, pero no hizo lugar a la entrega del requerido -que actualmente se encuentra cumpliendo dos condenas por robo en la cárcel de La Serena-, debido a que “el traslado podría afectar el genuino esfuerzo observado en el encartado para reinsertarse a la sociedad, así como su arraigo familiar”. Ordenó que la investigación y juzgamiento se sigan en Chile.
El máximo Tribunal revocó la sentencia del ministro instructor que inicialmente dio lugar a la extradición, al estimar que la acción penal se encuentra prescrita por transcurrir más de 10 años entre la comisión del hecho -en abril de 2012-, y la presentación de la solicitud de extradición de abril de 2023.
La República de Colombia solicitó la extradición de un ciudadano venezolano avecindado en Chile, para ser investigado por su presunta participación en un delito de femicidio agravado cometido el 2020 en la localidad de Caldas.
El requerido fue condenado en 2004 por robo agravado en Perú, y fue beneficiado en 2006 con la libertad condicional, pena que fue quebrantada en 2007 al no presentarse para control de la autoridad. La ministra estimó prescrita la pena, al transcurrir más de 10 años entre el quebrantamiento de aquella y la presentación de la solicitud de extradición.
El requerido se encontraba radicado en el sector sur de la capital desde el año 2014, cuando arribó al país huyendo de la justicia trasandina por una acusación de homicidio cometido en la provincia de Río Negro.
Las pruebas y antecedentes aportados por el requirente son insuficientes para justificar el juzgamiento del nacional respecto de los hechos presuntamente cometidos.
