La decisión recurrida por vía de amparo fue adoptada por el Juzgado competente, en el ejercicio de sus atribuciones y potestades jurisdiccionales, en audiencia pública, a solicitud del amparado y con oposición del Ministerio Público.
La requirente alega que la norma legal objetada infringe el derecho a un procedimiento racional y justo, ya que los hechos por los que se la formalizó recientemente ocurrieron hace más de cinco años.
Los agentes capturaron a un particular que ingresó por paso no habilitado por la frontera en la región del Ñuble, y posteriormente ocultaron el hecho, al reportar que la víctima se ahogó al intentar cruzar el río Los Sauces mientras huía de los funcionarios para evitar el control fronterizo. La magistratura estimó que el delito fue común -no de lesa humanidad-por lo que respecto del hecho operó la prescripción de la acción penal.
En junio de 2016, el requerido no respetó un semáforo en rojo en la ciudad de Buenos Aires y atropelló a dos peatones ocasionándoles diversas lesiones de carácter grave, huyendo con posterioridad hacia nuestro país; no obstante, la solicitud de extradición arribó a Chile en 2022 cuando la acción penal del delito ya estaba prescrita, por lo que el pedido fue desestimado.
El requerido había sido juzgado por su presunta participación en un delito de tráfico de droga agravado y fue absuelto en el año 2014. Con posterioridad, dicha sentencia fue anulada, no obstante, la acción penal prescribió, por lo que se negó su extradición al no cumplir la solicitud con el requisito establecido en la letra b) del artículo 449 del Código Procesal Penal.
El incumplimiento de la obligación de establecer sanciones penales efectivas para proteger los intereses financieros de la UE infringe su legislación. Los Estados miembros están obligados en virtud de la legislación de la UE a luchar contra el fraude y cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la UE mediante medidas disuasorias.
Surge de los antecedentes que el plazo en cuestión es de 4 años y 6 meses, compuesto por el plazo de prescripción ordinario -de 3 años- correspondiente a la pena máxima prevista para el delito imputado más la mitad de ese plazo.
El fallo concluye que en razón del artículo V del tratado de extradición entre ambos Estados, el delito prescribió luego de transcurridos 5 años.
El requirente alega que, de aplicarse el precepto impugnado, es imposible ejercer su acción penal, lo que afecta su garantía a la tutela jurisdiccional efectiva.
