La omisión de la Subsecretaría y la tardanza de Gendarmería no pueden repercutir negativamente en el funcionario quien esperaba que la gestión ordenada por artículo 87, letra d), del Estatuto Administrativo estuviese cumplida (además de encontrarse de buena fe, lo protege la confianza legítima).
El requirente alegó que el precepto legal infringía el principio de confianza legitima, además de los derechos a la vivienda y a la integridad de los habitantes de la comuna.
No es ilegal la decisión de no renovar la contrata de una funcionaria pública que trabajó durante 7 meses, desde que no la ampara el principio de confianza legítima.
