Se obtuvo mayoría únicamente para declarar la inaplicabilidad de la frase antes señalada, lo que se expresa en la sentencia a través de tres votos diferenciados, compartiendo el argumento común de que la aplicación concreta del artículo 318 del Código Penal contraría las garantías del artículo 19, Nos 2 y 3, de la Constitución Política, en razón de su falta de proporcionalidad al contemplar como sanción una pena privativa de libertad.

El voto por rechazar destaca que la cuestión planteada es un asunto de mera legalidad, ya que se presenta un conflicto de legalidad en el requerimiento, porque lo reclamado es la falta de motivación del acto administrativo que impuso las multas, lo cual corresponde a los jueces del fondo, ya que implica juzgar la actuación de la Administración.

Luego de que la Sala designada por el Presidente del TC declara la admisibilidad del requerimiento deducido, le corresponde al Tribunal Pleno, en definitiva, emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

La Ley de Prevención de Delitos de Agresión Sexual del país asiático, que dispone LA facultad de ordenar que sean sometidos a un tratamiento en un centro hospitalario psiquiátrico después de completar su condena, si una evaluación médica concluye que existe peligro de reincidencia.

En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

La gestión pendiente incide en autos sobre declaración de liquidación forzosa, seguido ante el Vigésimo Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago, en actual conocimiento de la Corte de la misma ciudad, por recurso de hecho.

Luego de que la Sala designada por el Presidente del TC declara la admisibilidad del requerimiento deducido, le corresponde al Tribunal Pleno, en definitiva, emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

La gestión pendiente incide en proceso penal, seguido ante el Juzgado de Letras, Garantía y Familia del Baker-Chrane, en los que el juez requirente conoce de denuncia en la que particulares son acusados de poner en riesgo la salud pública, al infringir medidas de aislamiento.

En el voto por rechazar, se señala que el artículo 506 reprochado se ha de entender a la luz del artículo 505 bis del Código del Trabajo.

Luego de que la Sala designada por el Presidente del TC declara la admisibilidad del requerimiento deducido, le corresponde al Tribunal Pleno, en definitiva, emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.