Norma que consagra la agravante por reincidencia en materia penal se impugna en el Tribunal Constitucional.
La requirente estima que la norma en el caso concreto lo sanciona de forma desproporcionada, vulnerando sus garantías constitucionales.
La requirente estima que la norma en el caso concreto lo sanciona de forma desproporcionada, vulnerando sus garantías constitucionales.
La requirente estima que el hecho de aplicar una multa por razones que nada tienen que ver con la conducta infractora vulnera los principios de legalidad y proporcionalidad.
La requirente alega que la norma, al no establecer marcos regulatorios suficientes al juez, vulnera el principio de legalidad.
No satisface garantías mínimas que permitan establecer una sanción con proporcionalidad.
La ausencia de parámetros objetivos para que el juez rebaje el precio mínimo de la subasta contravendría la igualdad ante la ley y su derecho de propiedad.
El requirente estima que se vulneran los principios constitucionales de igualdad y proporcionalidad, y su derecho de propiedad.
La requirente alega que la normativa infringe los principios de proporcionalidad y tipicidad al permitir al Consejo cuantificar multas a su mero arbitrio.
La empresa, Astilleros y Maestranzas de la Armada alega que la posible sanción carece de razón y es absolutamente desproporcionada.
Se alega que la sanción establecida otorga una discrecionalidad a los Juzgados de Policía Local que contravendría los principios de legalidad, tipicidad y proporcionalidad contenidos en la Constitución.
El requirente alega que establece un castigo que no permite demostrar a través de un debido proceso, si una persona es efectivamente culpable; pues la misma no respeta la garantía de igualdad, el principio de proporcionalidad y la presunción de inocencia.