El requirente alega que se le sanciona dos veces por el mismo hecho, lo que infringe los principios de non bis in ídem y de proporcionalidad.
Atendido al estado procesal de la gestión pendiente, no se observan vulneraciones actuales a las garantías constitucionales del requirente.
Los requirentes estiman que se amplía la conducta penada a situaciones no previstas por el legislador, vulnerando sus garantías constitucionales.
El requirente alega que se le aplica una sanción de forma automática que ignora sus circunstancias particulares, afectando gravemente sus garantías constitucionales.
El requirente alega que la aplicación del precepto impugnado, en el caso concreto, produce efectos contrarios a las garantías constitucionales.
El requirente estima que se le aplica una sanción desproporcionada que no puede controvertir, vulnerando el debido proceso y el principio de legalidad.
La requirente estima que la sanción establecida es desproporcionada y automática, vulnerando el debido proceso.
El requirente estima que la fijación del mínimo de la subasta resulta desproporcionada, vulnerando sus derechos de igualdad ante la ley y de propiedad.
El requirente alega que la aplicación del precepto en el caso concreto produce efectos inconstitucionales ya que se trataría de una norma penal en blanco que además genera efectos desproporcionados.
El requirente alega que la aplicación de los preceptos en el caso concreto impide al sancionado presentar descargos o defensas.
