Las características de brevedad y simpleza que son propias del procedimiento simplificado, establecido para conocer de faltas y hechos constitutivos de simples delitos de menor entidad, no faculta omitir en el fallo los hechos que el juez tuvo por probados, lo que es de la esencia de toda sentencia, más aún si es condenatoria.

Quien está llamado a valorar la prueba y vincularla con los hechos materia del proceso es el tribunal, de modo que el esfuerzo desplegado por el Ministerio Público en estrados, a fin de demostrar la existencia de un concierto previo entre los imputados a partir de la prueba rendida en el proceso, resulta ser un ejercicio infructuoso que no resulta idóneo en modo alguno para subsanar las deficiencias argumentativas del fallo recurrido.

El fallo sí da cumplimiento al deber que la recurrente arguye insatisfecho, puesto que, a diferencia de lo que se afirma, indudablemente contiene las razones en virtud de las cuales los jueces concluyeron que el acusado tuvo participación como coautor en el delito de cohecho que da por establecido.

Pero como fue declarado admisible, pese a no ser claro el recurso, examinados los fundamentos aducidos por la recurrente se concluye que no resultan útiles para sustentar las causales de invalidación invocadas

Se requiere una valoración racional y pormenorizada de cada prueba desahogada en juicio ya que solo así se satisface el “hacerse cargo” de toda la prueba que impone el artículo 297, pues este implica la idea de reflexionar detenidamente sobre algo determinado y concreto como elemento probatorio individual (valoración unitaria) y, además, como un componente más de un todo que se comprende por toda la prueba que se rinde en un juicio (valoración comparativa).

Es posible que los magistrados del grado prefieran una prueba por sobre otra, pero para dotarlo de contenido, es necesario que los antecedentes que hacen descartar un supuesto deben ser al menos concordantes entre sí.

Como así tampoco, promueve fórmula alguna de plena prueba que suprima por completo cualquier otra versión de aquella por la que se condena, lo cual deriva de la protección de la persona y los derechos del imputado.

Los sentenciadores analizan las probanzas rendidas en el juicio y señalan el motivo por el que les provocan convicción para establecer tanto el ilícito como la participación del acusado en él.

De lo que se trata con este imperativo es posibilitar la inteligencia intersubjetiva de la decisión judicial a fin de garantizar -como dice Luigi Ferrajoli- «la naturaleza cognoscitiva y no potestativa del juicio».

La labor valorativa fue reservada al sentenciador a quo, quien presencia de manera inmediata la rendición de la prueba.