El municipio invocó la causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, fundado en que la información requerida se relaciona con procesos administrativos con carácter de secreto, cuando lo cierto es que esa característica es aplicable al sumario administrativo y no a las investigaciones sumarias.

La Ley N° 19.886 no contempla, al menos en contra de sentencias definitivas, un recurso de apelación que permita revisar en segunda instancia el mérito de lo resuelto por el TCP.

El Tribunal de alzada descartó error o infracción al debido proceso en el procedimiento sancionatorio.

El municipio rechazó la apelación de las multas cursadas a una empresa de mantención asilándose en que había operado el silencio administrativo en su favor, acto contrario a la Constitución y a los principios contenidos en las Leyes N°18.575 y N°19.880.

El Tribunal de alzada descartó que la información solicitada, con los resguardos establecidos, tenga el carácter de reservada o secreta.

Sólo el permiso y las obras edificadas ya recepcionadas son las que están exentas de la afectación, no así aquellas porciones del predio cuya utilidad pública se restableció mediante la Ley 20.791, resolvió el máximo Tribunal.

Contrariamente a lo resuelto por CPLT, están amparados por la reserva del numeral 2 del artículo 21 de la Ley N°20.285, por derechos comerciales y económicos, así como por cláusulas de confidencialidad, que vinculan al adjudicatario del proyecto con la Administración del Estado.

En la especie se ha dado cumplimiento a los requisitos generales de la delegación administrativa, la que está expresamente permitida por el artículo 100 letra e) de la ley 20.529, por lo que no se configuró un vicio en la especie

CPLT no incurre en ilegalidad al ordenar la entrega de información emitida por un órgano público relativa a fiscalizaciones hechas a una entidad financiera si además se instruye tarjar los datos personales e información comercial estratégica.

El principio de transparencia de la función pública obliga sin distinción a todos los órganos públicos y exige de éstos que den a conocer sus actos y fundamentos, dado que aquello también se relaciona con el derecho de las personas a ser informadas.