La reclamante incumplió sus obligaciones legales, y con ello puso en riesgo la seguridad de las personas o cosas.
El artículo 143 del DFL N°1 de 2005 es claro en señalar que la Corte de Apelaciones, conociendo de un reclamo de ilegalidad en contra de una resolución del ministro, falla el asunto en única instancia, por lo que no es posible recurrir vía casación en contra de aquella sentencia.
El Tribunal de alzada estableció el actuar ilegal y sin fundamentos en la resolución municipal que dispuso el cobro a la reclamante.
La resolución, desde el punto de vista administrativo, no constituye un acto terminal, ya que no resuelve el fondo del asunto, sino que sólo suspende el procedimiento sancionatorio el que se encuentra supeditado a la ejecución satisfactoria por parte del sumariado del Programa.
La Corte estableció que la Corporación Municipal no tiene legitimación activa para alegar la vulneración de los derechos de inviolabilidad de las comunicaciones privadas y de la vida privada de los funcionarios involucrados.
Por consiguiente, la sanción queda vacía de contenido y sin fundamento jurídico que la legitime.
La decisión tampoco careció de racionalidad, toda vez que el reclamante no invocó la existencia de ningún vínculo social que dé cuenta de arraigo al país en su periodo de permanencia.
La resolución dictada por el Intendente de Seguros aplica la legislación y normativa reglamentaria vigente e instruye en orden a su adecuado cumplimiento y ejecución.
El acto de clausura del local obedeció a las facultades que la Ley de Rentas Municipales otorga a la autoridad fiscalizadora.
La Comisión Chilena del Cobre, así como su Vicepresidente ejecutivo cuentan con atribuciones que le permiten cumplir con su rol como órgano especializado y técnico de determinación del valor de exportaciones e importaciones a empresas.
