El Tribunal de alzada estableció que la escuela básica Presidente Salvador Allende Gossens cumplió con los requisitos para sancionar, como medida de ultima ratio, a un alumno con la reducción de su jornada escolar atendido su grave inconducta y la protección de la comunidad escolar en general.

El Tribunal de alzada consideró que la información que mantiene la Superintendencia de Pensiones es reservada por afectar los derechos de los herederos de los fallecidos.

El Tribunal de alzada descartó infracción de ley en la resolución sancionatoria, adoptada por la Intendencia de Prestadores de Salud, que multó al centro asistencial con 50 UTM.

El Tribunal de alzada consideró que en la especie, el CPLT ha actuado dentro de sus atribuciones legales y que la información solicitada no tiene el carácter de reservada.

El Tribunal de alzada descartó ilegalidad de la parte recurrida al aplicar las sanciones.

El Tribunal de alzada consideró excesivo fijar en el máximo la sanción de multa a una profesional que no registra reproches previos.

Se ha producido, en la especie, un conflicto constitucional entre el derecho al sufragio y el derecho a la salud, tiene la certeza que el Servicio Electoral ni la Justicia Electoral están dotados de competencia para obviar las normas sanitarias dictadas por el Ministerio de Salud, que tiene a su cargo la rectoría del sector salud del país.

La sentencia señala que las normas que disponen el aislamiento de los electores habilitados infectados con COVID-19 a desplazarse para acercarse a sus respectivas mesas receptoras de sufragios, no es la Ley N° 21.257.

El máximo Tribunal confirmó la resolución impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que rechazó el reclamo.

El máximo Tribunal acogió la reclamación presentada por la empresa de retail y dejó sin efecto la liquidación correspondiente al año tributario 2004, emitida por la Dirección de Grandes Contribuyente del Servicio de Impuestos Internos.