La promoción de las disputas ante la Comisión Arbitral no produce la radicación en dicha instancia decisoria de todos los conflictos que con posterioridad puedan suscitarse.
No se acreditó que las falencias formales denunciadas hayan derivado en la afectación específica, real y concreta de derechos de algún miembro de la comunidad escolar, por lo que la falta debe ser considerada como leve y no como menos grave.
Establecimiento fue fiscalizado por la Superintendencia de Educación, luego de la denuncia efectuada por un apoderado que acusó la agresión sufrida por su pupilo de parte de uno de los inspectores del recinto.
La delegación de la función por parte del superior del servicio debe ser expresa y constar en autos, de lo contrario, todo el contenido del acto administrativo es nulo.
El centro educacional durante la tramitación judicial acompañó un protocolo para subsanar la infracción, lo que no es una causal para atenuar el castigo.
Al establecer que en contra dicha resolución no procederá recurso, se priva a las partes de sus medios de defensa.
La cuantía de la sanción impuesta resultó desproporcionada al existir atenuantes en favor del municipio.
No existe acto ilegal que se pueda imputar a la recurrida y la resolución impugnada se encuentra debidamente fundamentada ajustándose a derecho.
El colegio no garantizó un justo proceso que regule las relaciones de los miembros de la comunidad escolar, pues si bien contaba con Reglamento Interno y protocolos, no pudo acreditar su aplicación.
El asunto controvertido fue resuelto en el proceso sancionatorio y no se constató que la Superintendencia de Educación haya infringido la normativa aplicable.
