El contrato de prestación de servicios educacionales se activa solamente una vez que se verifica el cumplimiento de la condición suspensiva, la cual fue informada por todos los medios de publicidad del programa de postgrado.
Se acreditó que las operaciones fueron efectuadas por la recurrida o un tercero, las que son de conocimiento, cuidado y responsabilidad de ella, probándose que actuó con culpa grave.
Este constituye un estándar que impone a los contratantes el deber de comportarse correcta y lealmente en sus relaciones mutuas, desde el inicio de los tratos preliminares y hasta momentos incluso ulteriores a la terminación del contrato.
Si bien el actor había ejercido la acción resolutoria del contrato más la indemnización de perjuicios por el monto equivalente al saldo insoluto de la deuda, el Tribunal interpretó que en realidad lo requerido era el cumplimiento forzado, por lo que accedió a este.
Se aumentó la cuantía de la indemnización, considerando los montos para casos con resultado de muerte de un hijo, consignados en el baremo confeccionado por la Corte Suprema, fundado en que las consecuencias son tan dramáticas como el deceso de un hijo.
El Tribunal estableció que lo pactado por las partes era la prestación de servicios educacionales en modalidad diurna, correspondiente al régimen general de la carrera de Ingeniería en Minas, sin hacer alusión a alguna condición especial derivada de la condición de trabajador del estudiante.
Con esta investigación se pretende dar a conocer las distintas problemáticas que surgen de la utilización de sistemas dotados con inteligencia artificial, en especial la responsabilidad civil derivada de un daño ocasionado principalmente por máquinas o artefactos dotados con inteligencia y que pueden ser considerados como “autónomos”.
La iniciativa establece además que el estándar de diligencia debida de las instituciones privadas que tienen la obligación de administrar dineros de terceros es la culpa levísima.
El máximo Tribunal rechazó el recurso de casación en el fondo deducido en contra de la sentencia dictada Corte de Apelaciones de Iquique, que desechó la excepción de prescripción de la acción.
