Las resoluciones judiciales impugnadas han limitado proporcionadamente el ejercicio de los derechos de la recurrente. Motivaron la razón del ingreso obligatorio, apoyado en el bien constitucionalmente legítimo de proteger la vida y la salud del lactante.
Estos contratos están sujetos a la autonomía de la voluntad y al principio de libertad de pactos, en los términos previstos en el Código Civil. En consecuencia, el respeto al principio de libertad de fijación de la renta forma parte de las bases de las obligaciones contractuales.
No tendría sentido que la instalación de un sistema de seguridad en la empresa pudiera ser útil para verificar la comisión de infracciones por parte de terceros y, sin embargo, no pudiera utilizarse para la detección y sanción de conductas ilícitas cometidas en el seno de la propia empresa.
La información que ofrece el enlace causa un perjuicio considerable al afectado, por ser obsoleta. Además, los autores no aportan documentación que acredite lo que informan, lo que sitúa al afectado en un plano de indefensión.
La inadecuación de una norma local que excede sus competencias es inconstitucional, en la medida que colisione con normas estatales que regulan una misma materia.
El emplazamiento de los demandados es un trámite esencial dentro de cualquier procedimiento judicial, por lo que es deber de los órganos judiciales agotar las instancias para garantizarlo.
No aplicar el beneficio tributario constituye una vulneración a la igualdad ante la ley y al derecho a tutela efectiva, pues el tribunal no ponderó la convivencia estable que lograron acreditar en la instancia.
La suspensión de la pena no puede quedar condicionada al pago de una condena civil si no hay capacidad real para afrontar ese pago.
Los hechos denunciados y las circunstancias que los rodean, ameritan una exhaustiva investigación judicial.
El principio pro actione impide que interpretaciones y aplicaciones de los requisitos establecidos legalmente para acceder al proceso obstaculicen injustificadamente el derecho a que un órgano judicial conozca o resuelva la pretensión a él sometida.
