No se puede privar a las personas de su derecho a obtener del tribunal una decisión en su litigio para la protección de sus derechos.
El requirente alegó que se le impide ejercer la acción penal, vulnerando su garantía la tutela judicial efectiva.
Se demandó por despido injustificado y una Sala de la Corte de Santiago confirmó la resolución que no dio lugar a la tramitación de la acción, por no acudir previamente el demandante a la Inspección del Trabajo, acto que vulneró el derecho a defensa y tutela judicial efectiva del actor.
Si bien la acción de amparo no está destinada a reemplazar medios ordinarios instituidos para la solución de las controversias, su exclusión no puede fundarse en una apreciación meramente ritual, toda vez que la institución tiene por objeto una efectiva protección de derechos, más que una ordenación o resguardo de competencias.
El tribunal de apelación verificó la vulneración de derechos, por lo que una vez advertidas los jueces constitucionales no tienen la obligación de identificar la existencia de vías adecuadas y eficaces en la justicia ordinaria.
El requirente alega que la aplicación del precepto impugnado transgrede su derecho a la defensa y el debido proceso.
El requirente estima que el plazo máximo de 90 días constituye un obstáculo irracional para el ejercicio de su derecho a una tutela judicial efectiva.
El requirente alega que la restricción recursiva no tiene fundamento racional y vulnera el debido proceso.
La Ley N°21.226 eximió del cumplimiento de la mediación previa obligatoria o cualquier otra exigencia que se tornare difícil de satisfacer, durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe.
El requirente alega que vulneran su dignidad, integridad psíquica, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, el debido proceso, la protección a la vida privada y el derecho de propiedad.
