El Tribunal debe hacerse cargo, al fundamentar su decisión, de toda la prueba producida incluso de aquella que hubiere desestimado.
La requirente estima que la exclusión de ciertos requisitos que debe contener la sentencia definitiva es un acto discriminatorio en su contra.
El voto del Presidente no dirime un empate en estos casos.
Los términos injusticia y arbitrariedad deben entenderse aquí utilizados con sentido equivalente, pues si se exige como elemento subjetivo del tipo que el autor actúe a sabiendas de la injusticia, su conocimiento debe abarcar, al menos, el carácter arbitrario de la resolución.
Condenar al acusado con ocasión de pasta base húmeda sin poder ser consumida, no configura una errónea aplicación del derecho como causal de nulidad, ya que la peligrosidad debe ser valorada por los jueces de grado.
La defensa sólo plantea discrepancias con la conclusión a que arriban los jueces, conforme la justificación de su razonamiento, y que contiene similares argumentos a los de su teoría del caso.
Es necesario aspirar a una justicia respetuosa de los derechos humanos de las mujeres, que tenga una mirada de los casos en los que deba intervenir, con esa perspectiva de género necesaria para no perpetuar las injusticias en las que los poderes del Estado y el Poder Judicial, particularmente, ha incurrido en el pasado.
Normas impugnadas cumplen con los estándares mínimos de debido proceso, por lo que los supuestos vicios invocados deben ser conocidos por los jueces de fondo.
En caso contrario, sus decisiones incumplen con la exigencia del artículo 170 N°4 del Código de Procedimiento Civil, lo que configura el vicio de nulidad formal del artículo 768 N°5 del mismo cuerpo legal.
El Tribunal no está sometido a una regla estricta de ponderación de todos y cada uno de los elementos de convicción que se le presenten, únicamente se le exige análisis y valoración de los medios de prueba, tanto los que estime, como los que desestime, dando razón de ello.
