No obstante lo anterior, ordenó al tribunal se realice audiencia dentro del plazo de 72 horas con el objeto de precisar y aclarar el lugar en que efectivamente reside la actora y su hija, domicilio en el que finalmente se deberán hacer efectivas las medidas decretadas en contra del recurrente, ya que en el domicilio individualizado se encuentra su local que le sirve para ejercer su trabajo y consecuentemente como sustento de ingreso económico.

Para calcular el límite máximo de la extensión de la medida de seguridad debe preferirse siempre aquel que, en concepto de esta Corte, sea el menos afectador del principio Pro Homine y restrinja, en menor intensidad, la libertad del justiciable.

Proceder policial se enmarcó en un requerimiento expreso de la víctima en orden a ser acompañada por los miembros de la patrulla de Carabineros hasta el interior de la propiedad para retirar sus efectos personales, diligencia para la cual no era necesario autorización alguna.

No se consideró la relación afectiva de larga data que une al recurrente con su pareja, ni la afectación que pudiere provocar en ambos la separación forzada por una medida cautelar carente de todo fundamento, considerando el grave y delicado estado de salud de la pareja del amparado.

Este fue denunciado por su hermana de amenazas en contexto de violencia intrafamiliar, y con la información obtenida en dicha denuncia, los agentes capturaron al acusado en un motel de la ciudad de Rancagua, portando un arma de fuego prohibida así como paquetes con marihuana y cocaína.

No se especificó de modo alguno las razones que permitirían desestimar las versiones de estos testimonios, en circunstancias que el Tribunal necesariamente debió hacerse cargo en su fundamentación.

El ingreso de los niños a un centro residencial es una medida que, en virtud de su intensidad y gravedad, debe considerarse sólo cuando el resto de las medidas proteccionales son insuficientes.

Se estima que la propuesta es positiva para quienes sufren agresiones en el marco de las relaciones de familia. Sobre este punto, cabe traer a colación lo señalado por la jurista argentina Graciela Medida, en cuanto a que “las víctimas de violencia requieren de costosos tratamientos psicológicos y médicos para superar los efectos debilitantes de la violencia; flagelo que además les produce grandes daños materiales, entre ellos la pérdida de días de trabajo y de posibilidades de estudio y producción. Estos daños en general no se reparan».

Las amenazas resultan ser serias y verosímiles, toda vez que, junto con el gesto de levantar el hacha, afirma que las cosas se arreglarán “a su manera. Si la intención del agresor hubiera sido sólo la de intimidar, no habría necesitado usar un arma blanca, toda vez que el imputado es más corpulento que su hermana.

Se estima vulnerada la garantía de igualdad ante la ley de la recurrente, cautelada por el articulo 19 N°2 de la Constitución.