Las expresiones objeto de tutela realizadas en las redes sociales por el influencer son un discurso discriminatorio y de odio contra la población LGBTIQ+ y, en especial, contra la población transgénero y homosexual, que integra un grupo históricamente discriminado y de especial protección constitucional.
El caso ha generado un gran debate sobre la responsabilidad que cabe a las compañías de internet por el contenido que publican sus usuarios. Si bien algunos esgrimen que es necesario limitar la protección a estas empresas, otros arguyen que ello afectará la libertad de expresión en internet y posibilitará una avalancha de demandas de igual índole.
No excediendo de seis años la pena interesada por la acusación, y dada la conformidad prestada por el acusado en el acto del juicio, debe dictarse sin más trámite la sentencia procedente, según la calificación mutuamente aceptada por las partes, toda vez que los hechos calificados son constitutivos de los delitos a que se alude.
Los dichos vertidos a través de YouTube no pueden ser amparados como manifestaciones de la libertad de expresión, puesto que este derecho debe ser considerado de manera armónica con el derecho a la honra de las personas.
El Tribunal de alzada revocó la resolución impugnada, dictada el Juzgado de Garantía de Osorno, que estimó que el querellante carecía de legitimación activa para interponer la acción.
