La moción, es patrocinada por las diputadas Sandra Amar y María Nora Cuevas y los diputados Ninou Baltolu, Álvaro Carter, Juan Fuenzalida, Javier Hernández, Celso Morales, Nicolás Noman, Pablo Prieto, Gastón Von Muhlenbrock. Obliga a los candidatos a cargos de elección popular a realizarse un examen de drogas como requisito para la inscripción de las candidaturas y establece la causal de cesación en el cargo.
Como fundamentos centrales de la iniciativa, sus autores señalan que, en los últimos años, nuestro país ha sido víctima de una notoria penetración del narcotráfico en la sociedad, pasando de ser un país de tránsito de la droga a uno de destino.
Agregan que las fronteras naturales de nuestro territorio, la buena reputación de la que goza el país, el precio de venta superior en comparación a otras regiones y la proliferación de plataformas de comunicación facilitan la gestión y el tráfico de la droga, al mismo tiempo que dificultan el trabajo persecutorio de las policías, todo lo cual ha influido notoriamente para que esta ilícita actividad pueda ganar terreno, cooptar lugares físicos y poner en jaque la vigencia del Estado de Derecho y con ello la vida de miles de ciudadanos.
Uno de los principales objetivos de los traficantes, afirman, es permear y generar alianzas con autoridades y miembros de los poderes públicos con el fin de asegurar la permanencia de sus actividades y el aumento de su poder económico y material, por lo que se vuelve necesario implementar medidas que resguarden y prevengan estos vínculos, evitando futuros casos de corrupción y principalmente el deterioro del régimen democrático.
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Para cumplir dicho cometido, señalan, el proyecto establece como requisito para la inscripción de candidaturas de aquellas autoridades que son electas por votación popular, acompañar un resultado de test de drogas que no podrá tener una antigüedad mayor a un mes, y una declaración jurada en torno a que el candidato en cuestión no
consume drogas y se encuentra libre de vínculos con el tráfico. Además, establece como causal de cesación en el cargo de aquellas autoridades, el hecho de consumir drogas durante su ejercicio, o mantener vínculos con
el tráfico.
En cuanto al ámbito de aplicación, la ley regirá respecto del Presidente de la República, Diputados, Senadores, Alcaldes, Consejeros Regionales y en general a toda autoridad electa mediante elección popular, como también en relación a los miembros del Poder Judicial.
Vea el texto de la moción, discusión y análisis del proyecto de ley Boletín 14.493-06.