Al incorporar de oficio el extracto de filiación y antecedentes del imputado, para luego rechazar la solicitud de pena sustitutiva, el juez infringió el deber de imparcialidad.

La Corte Suprema acogió el recurso de nulidad interpuesto en contra de la sentencia pronunciada por el Juzgado de Letras y Garantía de Panguipulli, que condenó al imputado como autor del delito consumado de amenazas no condicionales, en contexto de violencia intrafamiliar, a la pena de cuatrocientos días de presidio menor en su grado mínimo.

En su libelo, el imputado sustentó su acción en la causal contemplada en el artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, consistente en la infracción sustancial, en cualquier etapa del procedimiento o en la sentencia, de derechos o garantías asegurados por la Constitución o por los Tratados Internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes, en cuanto se han vulnerado las garantías del debido proceso.

Alega que, el tribunal negó lugar a la sustitución de la pena, debido a una condena pretérita, en función a que no fue cumplida con, a lo menos, diez años de anticipación a la fecha de comisión del delito investigado, por lo que se ordenó el cumplimiento efectivo de la pena corporal. Al respecto, sostiene que, en la audiencia de juicio no se ofreció antecedente ni medio de prueba que diera cuenta de antecedentes relacionados con dicha condena. Sin embargo, el sentenciador negó lugar al otorgamiento de la pena sustitutiva, lo que constituye en una infracción de las normas del debido proceso, además de los principios de contradicción, imparcialidad y pasividad del juzgador.