El proyecto generará efectos contaminantes en su construcción, residuos de material y también acústicos, y en su ejecución producirá cambios sobre la urbe que lo rodea, generándose cargas ambientales.

La Corte Suprema revocó la sentencia pronunciada por la Corte de Santiago, y acogió la acción de protección deducida por una vecina y ciudadana solicitante de la apertura de un periodo de participación ciudadana, en el contexto de la declaración de impacto ambiental del proyecto “Condominio Santa Úrsula”, en contra del Servicio de Evaluación Medioambiental Metropolitano, por haber dictado la Resolución Exenta N°0307/2020, que estimó que no existen cargas ambientales y rechazó su solicitud, por considerarla improcedente, de conformidad a lo establecido en el artículo 30 bis de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente y el artículo 94 su reglamento.

En su libelo, la recurrente explica que la noción de cargas ambientales, está integrada por los conceptos de “externalidad negativa” y “beneficio social”, los se verifican en la especie, dada la envergadura del proyecto inmobiliario, por lo que estima que la omisión del proceso de participación ciudadana que requirió, aduciendo que un proyecto de “vivienda” no generaría “beneficio social”, se constituye en un acto arbitrario, el que también sería ilegal, por violar el artículo 30 bis de la Ley, que establece la necesidad de abrir un proceso de participación cuando se den las referidas “cargas ambientales.”

Sostiene que la conducta denunciada amenaza su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, consagrado en el artículo 19 N°8 de la Constitución y solicita se deje sin efecto la resolución impugnada, retrotrayendo el proceso de evaluación de la declaración ambiental al momento previo a su calificación, debiendo someterse al procedimiento de participación ciudadana.