Suspensión de un funcionario policial por dos años en el contexto de un sumario administrativo, vulnera el debido proceso, en su dimensión de ser juzgado en un plazo razonable.

La Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Concepción y acogió el recurso de protección deducido por un Inspector de la PDI en contra de la Institución, por el acta de notificación que rechazó su petición de levantar la medida de suspensión de funciones que se prolonga desde el 06 de septiembre del año 2019.

En su libelo, el actor señala que recurre en contra del Acta de notificación de 07 de julio de 2021 de la Fiscalía Administrativa de la Brigada de Investigación Criminal Concepción de la PDI, en la parte que rechazó su petición en orden a dejar sin efecto la medida de suspensión de funciones del funcionario en el Sumario Administrativo N° 514 de 2019 dispuesto por la Prefectura Provincial Biobío.

Agrega que la suspensión preventiva fue dispuesta por el fiscal investigador porque a su juicio los hechos que se le imputan revisten gravedad y como una medida para asegurar para el éxito de la investigación. Sin embargo, advierte que la recurrida no ha fundamentó su decisión como lo exige la Ley N° 19.880, y sostiene que no se presenta ningún peligro al prestigio de la Institución, pudiendo cumplir otras labores policiales que no se relacionen con el diligenciamiento y confección de informes policiales.