Indemnización tarifada por la ley en el procedimiento de tutela laboral no impide conceder indemnización por daño moral.

La Corte Suprema rechazó el recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la demandada en contra del fallo de la Corte de Concepción, que no hizo lugar al recurso de nulidad que impetró respecto de la sentencia dictada por el Juzgado del Trabajo de dicha ciudad, que acogió la acción de tutela laboral con ocasión del despido y la condenó al pago de las prestaciones que indica, en especial, la indemnización tarifada contenida en el artículo 489 del Código del Trabajo y compensar los perjuicios extrapatrimoniales que causó al trabajador.

La sentencia del máximo Tribunal señala que la materia de derecho que se solicita unificar, consiste en determinar “la procedencia o compatibilidad del pago de una indemnización por daño moral con las indemnizaciones del artículo 489 del Código del Trabajo”.

Indica que la Corte de Concepción no dio lugar al recurso de nulidad deducido por la demandada, argumentando que, “la parte final del N°3 artículo 495 del Código del Trabajo, permite expresamente que la sentencia que se dicte al término del procedimiento por tutela laboral, indique como medida reparatoria las indemnizaciones que procedan, además de las contempladas en el inciso 3º del artículo 489 del mismo código, el que admite, en caso de acogerse la denuncia, el pago de las indemnizaciones derivadas del término de la relación laboral, más aquella adicional que puede variar entre 6 a 11 meses de la última remuneración mensual del trabajador, prestación que para la jueza del grado es de carácter sancionatorio. Abona esta interpretación, el carácter extracontractual de la citada indemnización por daño moral, que es una obligación de reparación originada en las acciones del empleador que afectaron los derechos fundamentales del trabajador, ocasionándole daño en su psiquis, cuestión acreditada suficientemente con los comprobantes de atención psicológica del CESFAM de Penco y con los dichos de los testigos (…), probanzas que permiten establecer que producto de los acontecimientos que precedieron al despido y al hecho de la desvinculación misma el actor ha debido iniciar psicoterapia la que se ha mantenido a lo menos hasta enero de 2020. En consecuencia, agrega la sentenciadora, conforme al principio general de reparación integral del daño, que fluye de lo dispuesto en el artículo 2314 del Código Civil estos perjuicios deben ser reparados en la suma de $2.500.000, por estimar que dicha suma se aviene con la entidad del daño ocasionado. A lo anterior, se debe agregar el mandato expreso contenido en el N° 4 del artículo 495 del Código del Trabajo, que obliga al juez a ‘…velar para que la situación se retrotraiga al estado inmediatamente anterior a producirse la vulneración denunciada…’ luego, existiendo una vulneración que afectó la salud psíquica del trabajador, la indemnización otorgada por daño moral no merece reparo alguno”.