Diario Constitucional

Recurso de casación en el fondo acogido.

Superintendencia de Electricidad y Combustibles deberá indemnizar a mayordomo que trabajó durante 3 meses luego que le notificara el término anticipado de su contrata.

La expresión “falta de servicio” incluye los perjuicios causados por la administración entre el cese del vínculo contractual y el término real de las funciones.

Por Redacción·19 de marzo de 2022·4 min de lectura
No basta con impugnar genéricamente la valoración probatoria, sino que es necesario demostrar un vicio concreto que haya tenido un impacto sustancial en la decisión del tribunal.
Referencial

La Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo interpuesto en contra de la sentencia dictada por la Corte de Santiago, que revocó aquella de base que hizo lugar a una demanda de indemnización de perjuicios.

Un particular que prestó servicios de mayordomo en las cabañas de esparcimiento de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, demandó a la institución por los perjuicios causados durante el cumplimiento de sus funciones. Señala que ingresó a trabajar como contrata el 1 de abril de 2009, y que durante toda su relación laboral sufrió abusos de parte de su empleador, tales como, ejercer funciones ajenas a la mayordomía en el área de carpintería y albañilería; no respetarse los feriados legales; no asignársele un inmueble del recinto para que habitara con su familia; incluir tardíamente a su esposa e hijas como cargas familiares (10 meses después de iniciada la relación laboral); inobservancia en la tramitación de las licencias médicas presentadas; y, pese a que se le notificó el 30 de septiembre de 2010 el término anticipado de su contrata, tuvo que seguir prestando servicios en el recinto hasta diciembre de ese año, sin ningún tipo de remuneración.

Sostiene que, a raíz de lo anterior, tuvo que subsistir solicitando créditos para mantener a su familia, por lo que pidió al tribunal condenar a la demandada al pago de los gastos incurridos a título de daño emergente, correspondientes a la suma de $3.886.500. De igual forma solicitó que, a título de daño moral, se le indemnizara con la suma de $100.000.000.

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