Diferencia en los plazos de prescripción que consagra el artículo 510 del Código del Trabajo obedece a la distinción entre derechos mínimos y aquellos que las partes libremente pueden convenir.

La Corte Suprema acogió el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por los demandantes en contra del fallo dictado por la Corte de Temuco, que no hizo lugar a la impugnación que dedujeron en contra de la sentencia que acogió la excepción de prescripción opuesta por la empresa mandante y condenó sólo a la empresa principal.

El máximo Tribunal señala que la materia de derecho respecto de la cual se solicita unificar la jurisprudencia, consiste en “declarar que cuando las prestaciones demandadas en el juicio son derechos cuya fuente es la ley, la norma aplicable en materia de prescripción es la contemplada en el inciso 1° del artículo 510 del Código del Trabajo y no la de su inciso 2°”.

Refiere que el fallo impugnado rechazó el recurso de nulidad, argumentando que “(…) el correcto sentido y alcance de la norma es el que conduce a colegir que los derechos regidos por ese cuerpo legal no prescriben sino transcurridos dos años desde que se hicieron exigibles, lo que resulta plausible ya que es manifiesto que se requiere de un lapso superior en dicho caso, habida consideración al temor natural que pueda sentir un trabajador de accionar en contra de su empleador vigente la relación laboral, lo que ciertamente puede provocar su despido o acciones de hostigamiento en su contra a fin de lograr su renuncia, y que distinto es el caso, si la relación laboral ha concluido, pues en esa hipótesis, se establece que la acción proveniente de un acto o contrato laboral, debe ejercerse dentro del plazo de los seis meses siguientes al término de la relación de esa naturaleza, que si bien es uno más acotado, tratándose de un hecho tan sensible para un trabajador como es la pérdida o término de su fuente laboral, es natural sostener que podrá accionar en ese tiempo habida consideración de la urgencia por procurarse recursos”; añadiendo que “deja a salvo la norma, la circunstancia que, al accionarse dentro de seis meses es posible perseguir el reconocimiento y cobro de derechos que se hicieron exigibles dentro del plazo de dos años, lo que naturalmente deja a resguardo los derechos de los trabajadores”.