En atención al principio de confianza legítima, el acto que no renueva la contrata de un funcionario debe ser debidamente fundamentado.

La Corte Suprema confirmó la sentencia dictada por la Corte de San Miguel, que acogió el recurso de protección interpuesto por un funcionario de la Municipalidad de San Miguel, en contra del municipio, por no renovar su contrata para el año 2022.

En su libelo, el recurrente indica que desde el año 1992 presta servicios para la recurrida, y en el 2013 ingresó como contrata, desempeñando sus funciones de forma ininterrumpida. Sin embargo, el 1 de diciembre de 2021 fue notificado del Decreto Alcaldicio que puso término a su nombramiento.

Añade que la decisión administrativa carece de causa legal y que el fundamento “mientras sean necesarios sus servicios”, atenta en contra del principio de confianza legítima que lo ampara por haber desempeñado funciones para la recurrida desde 1992. En tal sentido, considera al acto como arbitrario e ilegal, pues carece de motivación suficiente, afectando la igualdad ante la ley, su derecho a la honra, la libertad del trabajo y el derecho de propiedad.