Corte Constitucional de Colombia.
Derecho a la vivienda digna no puede ser conculcado por el Estado, salvo que su ejercicio afecte otras garantías constitucionales.
El acceso a una vivienda digna, en el estado social de derecho, no puede depender exclusivamente de la mano invisible del mercado. Por esta razón, desde la Constitución se prevén herramientas clave que orientan la intervención económica del Estado para garantizar a todos su acceso.
La Corte Constitucional de Colombia acogió la acción de tutela deducida por un grupo de pobladores que se vieron imposibilitados de adquirir sus viviendas sociales a causa de actos administrativos.
Los recurrentes fueron beneficiados con un subsidio para optar al proyecto habitacional patrocinado por la alcaldía de la ciudad de Aipe, destinado a personas de bajos recursos. Debido a la falta de presupuesto, y a trabas burocráticas contenidas en la normativa vigente, las obras no pudieron avanzar.
Esta situación motivó a los recurrentes a interponer acción de tutela contra el municipio, por estimar que la tardanza vulneró sus derechos a la vivienda digna, a la igualdad y al debido proceso. Solicitaron a la autoridad proseguir las gestiones necesarias para obtener los fondos requeridos y así comenzar la ejecución de las obras.
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