A pesar de una tendencia creciente hacia su legalización, la mayoría de los Estados miembros del Consejo de Europa siguen prohibiendo tanto el suicidio médicamente asistido como la eutanasia. Por lo tanto, el Estado tiene una amplia discreción a este respecto, y en el caso las autoridades mantuvieron un justo equilibrio entre los intereses en juego.

El demandante no actuó con diligencia para cumplir con los estrictos deberes de un diputado electo y así evitar cualquier conflicto de intereses. Su destitución y las consecuencias para su vida privada fueron, por tanto, el resultado previsible de su propia conducta.

El juez de instrucción amplió demasiado el alcance de su investigación y las autoridades judiciales de control no redefinieron los límites del encargo del perito para cumplir con la misión del juez. Estos límites de investigación inadecuados se vieron agravados por la falta de implementación del marco procesal protector al que le daba derecho la condición de abogada de la demandante.

El derecho italiano no ofrece garantías adecuadas y efectivas contra los abusos a personas que han sido sometidas a una medida de interceptación pero que, al no ser sospechosas ni acusadas de estar implicadas en un delito, no eran partes en el proceso. En particular, no había ninguna disposición que permitiera a esas personas solicitar a una autoridad judicial una revisión efectiva de la legalidad y necesidad de la medida.

El acceso de los niños adoptados a la información sobre sus orígenes biológicos es una cuestión delicada y ética. En el caso concreto, las autoridades no hicieron ningún intento de establecer si los padres biológicos de la demandante realmente habían expresado el deseo de que su adopción permaneciera en secreto.

Aunque la Corte Suprema nacional se había referido a los principios aplicables del Convenio y a su jurisprudencia, no estaba convencida de que hubiera logrado un equilibrio justo entre los derechos en conflicto contemplados en el Convenio. En particular, trató al actor como a un periodista de investigación y una “persona pública” y decidió aplicar en su caso la presunción de buena fe aplicable a estos corresponsales”.

La publicación de fotografías que mostraban la intimidad de sus parejas mientras viajaba o en fiestas era un elemento básico de las redes sociales. La reacción hostil de su empleador ante el hecho de que lo hiciera se debió a la falta de aceptación de su sexualidad.

El Gobierno no proporcionó razones pertinentes y suficientes para la revisión de condenas históricas por crímenes relacionados con el Holocausto. Por lo tanto, las absoluciones habían sido excesivas e innecesarias en una sociedad democrática, lo que llevó a una violación del artículo 8 leído conjuntamente con el artículo 14 del Convenio.

Para que se genere esa responsabilidad solidaria en el marco de la primera fase, la persona física afectada únicamente debe demostrar que, con motivo de la cooperación entre Europol y el Estado miembro de que se trate en virtud de dicho Reglamento, se hizo un tratamiento ilícito de datos que le ha causado un perjuicio.

El demandante no probó debidamente que existieran motivos serios y probados para creer que si fuera devuelto a Rusia correría un riesgo real y presente de ser sometido a un trato contrario al artículo 3 del Convenio esto es, prohibición de la tortura y de tratos inhumanos y degradantes. Así, la ejecución de la medida de expulsión respecto del demandante no violaría, en las circunstancias del presente caso, esas garantías.