Contraloría General de la República.
La invalidación o revocación de las pensiones de gracia es una facultad discrecional del Presidente de la República.
La pensión de gracia es una franquicia patrimonial de carácter excepcional, de pago periódico, no contributiva, que no se origina como consecuencia de una afiliación previsional, por lo que no puede ser considerada una pensión de régimen. Esta prerrogativa presidencial es esencialmente graciosa -de modo que, por ejemplo, puede decidir no otorgarla; puede concederse en las condiciones y por los plazos que esa autoridad estime pertinentes; y respecto de la cual, basta para su otorgamiento que se haya ponderado y determinado que se está ante un caso calificado y que el acto que la concede se encu
La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados, a requerimiento del Diputado Andrés Longton, solicitó a la Contraloría General de la República, que informe respecto de la posibilidad de invalidar o revocar el otorgamiento de pensiones de gracia, particularmente las concedidas a las personas que individualiza.
En su respuesta, la Contralora (s) alude al artículo 24, inciso primero de la Constitución, que establece que el gobierno y la administración del Estado corresponden al Presidente de la República, quien es el Jefe del Estado.
A su vez, el artículo 32, N° 11, del texto constitucional contempla entre sus atribuciones especiales, la de conceder pensiones de gracia, con arreglo a las leyes; mientras que su artículo 63, N° 16, menciona entre las materias que son propias de ley, aquellas que fijen las normas generales con arreglo a las cuales debe ejercerse la facultad del Presidente de la República para conceder pensiones de gracia.
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