El derecho a la autonomía y al autogobierno de los pueblos indígenas, además del reconocimiento de sus instituciones y jurisdicciones propias y la activa participación en el ejercicio y distribución del poder, debe serles reconocidos.

Ya sea mediante medidas económicas y otras disposiciones que promuevan el buen vivir, especialmente protegiendo la vida familiar, el ocio, el reconocimiento de la tercera edad, entre otros.

Para asegurar que todas las personas tengan la posibilidad de ejercer sus derechos en los espacios digitales, de ser necesario, el Estado creará políticas públicas y financiará planes y programas gratuitos con tal objetivo.

Además, debe garantizar la separación e independencia de los poderes del Estado, el pleno respeto a la libertad y dignidad de las personas, entre otros principios de la democracia.

Esta busca establecer mecanismos de medición, control y sanción para verificar que la función pública se desarrolla de manera adecuada en concordancia con el mandato constitucional.

Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, autoridad, derechos o facultades distintas a las expresamente conferidas en virtud de la Constitución o las leyes.

Los órganos del Estado, sus titulares y sus integrantes deben someter su actuar a la Constitución, las leyes y a las normas dictadas conforme a ellas, y garantizar el orden institucional de la República.

El nuevo texto Fundamental debe señalar con claridad el respeto irrestricto, irrenunciable, imprescriptible, inviolable e inalienable a la dignidad humana con el Estado como principal protector para que se cumpla.

El Estado debe adoptar las medidas para prevenir, detectar y sancionar los actos de corrupción, persiguiendo administrativa y judicialmente la aplicación de las sanciones administrativas, civiles o penales que determine el legislador.

Sobre la independencia Judicial, el pleno de la Corte Suprema cita en su documento los pronunciamientos de la Organización de las  Naciones Unidas, de la Cumbre Judicial Iberoamericana, así como de la declaración de Singhvi.