Carabineros de Chile ejerció legítimamente y de buena fe las atribuciones que les otorga la ley para actuar sin orden judicial.
La exigencia del debido proceso supone que cada autoridad actúe dentro de los límites de sus propias atribuciones, como lo señalan los artículos 6 y 7 de la Constitución, lo que en el caso no se acató.
La doctrina ha sostenido que la violencia supone el empleo efectivo de fuerza física dirigida a una persona de manera inmediata, siendo la razón de ser de la calificante el debilitamiento de la defensa privada.
Al encontrarse los policías en el escenario contemplado en el artículo 85 del Código Procesal Penal, estaban habilitados para efectuar la fiscalización, que luego dio lugar a la detención.
El error constatado tiene influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, pues llevó a imponer al acusado recurrente una pena en un grado superior a la que resultaba de la correcta aplicación de las normas ya analizadas.
Aunque los jueces de instancia hayan afirmado su convicción condenatoria en prueba producida en la audiencia, al emanar ella del mismo procedimiento viciado no puede ser siquiera considerada.
Sentencia dictada en procedimiento simplificado no escriturada, se anula. El máximo Tribunal advierte que se ha hecho una práctica común, en juicios orales simplificados, registrar solamente la parte resolutiva de las sentencias, lo que no asegura los derechos de los intervinientes del proceso penal.
El máximo Tribunal descartó infracciones en el juicio oral al derecho a defensa, debido proceso y tipificación del delito.
El Tribunal no está sometido a una regla estricta de ponderación de todos y cada uno de los elementos de convicción que se le presenten, únicamente se le exige análisis y valoración de los medios de prueba, tanto los que estime, como los que desestime, dando razón de ello.
Las actuaciones de Carabineros realizadas sin autorización particular ni general del Ministerio Público, ni un Tribunal, exceden las facultades excepcionales de actuación autónoma o sin autorización previa previstas en el artículo 83 el Código Procesal Penal.
