La Magistratura constitucional de Colombia adujo que, el derecho sancionatorio como la pérdida de investidura, implica que el juez valore no solamente la configuración de la causal de pérdida de investidura desde el punto de vista objetivo, sino que es preciso valorar la conducta del procesado.

La Magistratura constitucional colombiana insistió a la universidad sobre la necesidad de liderar el diálogo y el acercamiento con la estudiante, a fin de actualizar las medidas de acompañamiento académico, de acuerdo con las necesidades específicas de la joven, para que pueda continuar con su proceso educativo.

La Magistratura constitucional colombiana expresó que, a pesar de haber transcurrido 15 años desde el inicio del proceso, la actuación no había sido remitida al juez competente para adoptar la decisión de fondo sobre la extinción del derecho, afectándose así el deber del Estado de garantizar una justicia pronta, cumplida y eficaz.

La Magistratura constitucional colombiana criticó que la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas ponga en duda que la muerte del menor hubiese ocurrido con ocasión del conflicto armado, argumentando que en la zona también operaban bandas delincuenciales auspiciadas por el narcotráfico.

La Magistratura constitucional colombiana protegió los derechos de una mujer transgénero, a quien su empresa prestadora de salud (EPS) le negó los procedimientos y laboratorio clínicos ordenados por el médico tratante para su reafirmación sexual y de género.

El estudiante divulgó en una red social información reservada de la historia clínica de un compañero de su facultad, que estuvo internado durante varios meses en un Hospital Psiquiátrico. Los mensajes divulgados incluían datos sobre la salud mental del paciente, su orientación sexual diversa y conflictos personales religiosos.

La Magistratura constitucional de Colombia adujo que no es el contenido del mensaje lo que se cuestiona sino el medio y el propósito con el que fue empleado, puesto que al utilizarse el logo de la empresa y los colores que la identifican, se pretendió imponer mecanismos sancionatorios, de manera arbitraria, para expresar su inconformidad con la empresa accionante.

La tutela fue presentada por el comandante de la Brigada al considerar que se afectó el buen nombre y honra de la unidad militar con la publicación de ocho comunicados en la página web de dicha comunidad, en los que se afirmaba que los uniformados desarrollaban sus labores en complicidad con organizaciones paramilitares.

La Magistratura colombiana adujo que, es cierto que los establecimientos carcelarios tienen la facultad legítima y la obligación de practicar requisas con el fin de salvaguardar la seguridad y el orden interno. Sin embargo, esta obligación no conlleva la posibilidad de someter a las personas privadas de la libertad y a los visitantes a tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Esta enmienda fue adoptada con el objetivo de reducir el consumo y la producción de los hidrofluorocarbonos, pues se ha demostrado que estas sustancias son gases de efecto invernadero que tienen una incidencia negativa importante en el calentamiento global.