En su comunicado Chile indica que: «Considerando que actualmente existe una investigación en curso por parte de la Fiscalía de la CPI respecto a la situación de Palestina, el objetivo de la remisión de Chile es apoyar al fiscal en su indagación».
El Fondo Fiduciario para las Víctimas fue establecido en virtud del artículo 79 del Estatuto de Roma y su objetivo principal es garantizar una justicia retributiva y restaurativa a las víctimas de crímenes de guerra y lesa humanidad.
Las autoridades estadounidenses acusan a Chile de no facilitar los antecedentes penales necesarios para identificar a los “lanzas internacionales” que viajan al país a cometer delitos, lo cual dificulta el trabajo de fiscales y policías destinados a perseguir sus ilícitos.
La República de Colombia solicitó la extradición de un ciudadano venezolano avecindado en Chile, para ser investigado por su presunta participación en un delito de femicidio agravado cometido el 2020 en la localidad de Caldas.
Según las autoridades de Estados Unidos, Chile no ha proporcionado antecedentes suficientes para identificar a los “lanzas internacionales” que ingresan al país a cometer ilícitos, aprovechando las facilidades de entrada que les confiere la Visa Waiver. Esta falta de información ha afectado la capacidad acusatoria de los fiscales intervinientes.
Con base en la información y los comprobantes aportados por el Estado, así como lo observado por el representante, la Corte considera que, dentro del plazo dispuesto en la sentencia, Chile ha dado cumplimiento total a las medidas evaluadas.
El Estado ha pagado las cantidades fijadas por concepto de daño inmaterial. Sin embargo, se debe mantener abierto el procedimiento de supervisión de cumplimiento de la única medida de reparación pendiente relativa a continuar en un plazo razonable y con las debidas diligencias, las investigaciones relacionadas con los hechos de tortura para sancionar a los responsables.
La sanción que le fue impuesta tuvo un efecto amedrentador sobre él y fue desproporcionada al fin que perseguía. La aplicación de la figura penal de injurias graves en el caso bajo análisis constituyó un medio indirecto de restricción a la libertad de expresión al afectar sus ámbitos individual y social.
En virtud de su cargo podrá representar a las partes que litiguen en la Corte, asumiendo la acusación o defensa según sea el caso. Para asumir esta tarea los abogados integrantes deben contar con una amplia experiencia en derecho penal e internacional.
Bolivia tiene la voluntad de continuar cooperando con Chile con miras a garantizar a cada Parte un uso equitativo y razonable del Silala y sus aguas. Por lo tanto, se invita a las Partes a tener en cuenta la necesidad de realizar consultas de manera continua con un espíritu de cooperación, a fin de garantizar el respeto de sus respectivos derechos y la protección y preservación del Silala y su medio ambiente.
Las alegaciones de la peticionaria no resultan manifiestamente infundadas y requieren un estudio de fondo, pues los hechos alegados, de corroborarse como ciertos, podrían caracterizar violaciones a una serie de disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
