El requirente estima que las normas objetadas, aplicadas al caso concreto, resultan contrarias a su garantía a un debido proceso y propiedad privada.
El requirente reclamó que los preceptos impugnados afectan su dignidad, igualdad ante la ley, el debido proceso, su honra, vida privada y datos personales, su libertad personal y derecho de propiedad.
Esta situación se origina medularmente en base a la verdadera indeterminación jurídica en que, desde sus orígenes, se encuentra la referida CONAF.
En particular, la propuesta legislativa suprime del citado cuerpo normativo, de la categoría de las cosas corporales muebles, a los animales. Además, los pasa a considerar como seres sintientes.
El máximo Tribunal descartó falta de fundamentación en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, que confirmó la de primer grado que hizo lugar a la demanda subsidiaria y le ordenó al demandado restituir a su legítimo dueño el retazo reclamado.
No resulta ser la vía idónea para la discusión, sin embargo, se ordena que se envíen los antecedentes del caso al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; al Ministerio Público y a la Superintendencia de Casinos de Juegos.
La prescripción que extingue acciones exige solamente cierto lapso durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones, contándose ese plazo desde que la obligación se haya hecho exigible.
La antinomia presente entre lo dispuesto por el artículo 150 y lo comprendido en el artículo 1740 N°3 del Código Civil, debe resolverse haciendo primar la primera de estas, en base a criterios de especialidad y cronológicos.
La expresión “mera tolerancia” hace referencia a la ausencia de un título que justifique la tenencia, mas no necesariamente a la existencia de una convención celebrada entre las partes del juicio.
El Tribunal de alzda confirmó íntegramente la sentencia de primera instancia.
