El proyecto establece garantías para el cónyuge con menos bienes o económicamente más débil, por regla general la mujer.
Afecta el principio de proporcionalidad, la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad y el contenido esencial de esa garantía.
La demandada fue víctima de actos de violencia psicológica por parte del actor que se dieron al momento de celebrar el pacto que se acusa incumplido.
La calidad de “bien familiar” tutela de modo efectivo que los miembros de la familia no queden en una peor situación patrimonial como consecuencia del quiebre de un matrimonio.
Los hechos dan cuenta de un claro vínculo sentimental entre el propietario y la ocupante de la cosa, lo cual se contrapone a una tenencia meramente sufrida, permitida, tolerada o ignorada.
El Tribunal descartó infracción de ley en la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que rechazó la acción presentada por la sociedad Commonwealth SpA, en contra de la cónyuge del anterior propietario del inmueble.
El Tribunal de alzada revocó la sentencia impugnada, dictada por el Vigésimo Juzgado Civil de Santiago, que acogió la reclamación intentada y, en su lugar, la rechaza en todas sus partes.
El Tribunal de alzada confirmó en todas sus partes el fallo impugnado, dictado por el Séptimo Juzgado Civil de Santiago, que ordenó a la demandada pagar a la Corporación de Desarrollo Social de Pudahuel, la suma de $71.188.033, por concepto de daño patrimonial emergente.
El estatus jurídico de los animales crea contradicciones en nuestro ordenamiento jurídico.
El Tribunal de alzada señala que la sola circunstancia que la infracción conlleve una sanción pecuniaria no transforma ese ilícito en una falta penal o deba reputársele como tal, toda vez que esta sanción es, según el artículo 21 del Código Penal, una pena común para los crímenes, simples delitos y también para las faltas.
